La expropiación de Vicentin es otro ejemplo más de cómo con la excusa de la “soberanía” en la Argentina se expropia y termina costando carísimo.
La historia argentina reciente está plagada de “soberanías”. Tuvimos la energética, que nos permitió apoderarnos de YPF; la monetaria, que justificó la operación Ciccone- Boudou; la aerocomercial –AA-; la acuática- AYSA; y seguramente muchas otras que navegan por los discursos políticos cotidianos. Todo puede ser objeto de soberanía. Y en el caso argentino, de soberanías carísimas, si contamos los miles de millones de dólares que nos están costando estas aventuras. En la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores K bregaba por la “soberanía sanitaria”, y eran impermeables a quienes les decíamos que aislarnos del mundo podía matar en muy poco tiempo a miles de personas privadas de sus medicamentos importados. Pero no importaba. La soberanía es un valor que vale por sí mismo.
La autora intelectual de la estatización de Vicentin acaba de avanzar en algunas definiciones sobre el objetivo estratégico de soberanía alimentaria que vale la pena analizar. Dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti: ”Es una decisión histórica y crucial para lo que viene en la nueva normalidad en la Argentina, ya que en lo cotidiano nos va a beneficiar porque los precios de los alimentos empezarán a valer por el producto del trabajo y no estarán sujetos a la especulación financiera de algunos”. ”Vicentin en manos de la unidad de negocios de YPF Agro nos va a permitir un nuevo proyecto agroalimentario y es un gran desafío para el Estado argentino”, planteó. Y añadió: “Hemos empezado un camino para que el Estado cuide de otra manera el bolsillo de los argentinos”.
Las preguntas que surgen son bastante obvias. ¿Se tratará tal vez de usar a la ex Vicentin para intervenir en los precios de los granos a fin de reducir su costo para la cadena alimentaria? En tal caso, es muy probable que ningún productor quiera venderle sus granos, dado que hay muchos otros compradores potenciales (salvo que sean también estatizados). ¿O la nueva Vicentin comprará a precios de mercado y venderá a precios subsidiados -favoreciendo por tanto a las empresas de la cadena alimentaria- y el Estado cubrirá los miles de millones de dólares de diferencia? Es posible que este sea el sentido de la afirmación de la senadora sobre el “nuevo proyecto agroalimentario”. Otra posibilidad es que la empresa quiera promover la producción granaria y pague por encima del precio de mercado, con el consabido costo para el Estado.
También surgen otras cuestiones: es posible que los miles de productores pierdan confianza en la nueva Vicentin estatal y por tanto aumenten las ventas a las demas cerealeras, incrementando por tanto la dependencia del capital extranjero concentrado. También es posible que la larga mano de la soberanía alimentaria alcance a los demás áreas en las que la empresa actúa: algodón, aceite, solventes, soja, biodiesel, molienda, frigorífico, algodón estrella, planta textil, bioetanol, postres, yogures, flanes, puertos, fábrica de envases, feed lot, jugo de uva, promiel.
En todos ellos es posible ensayar diversos experimentos soberanistas. El único problema es que -mal que le pese a la senadora y a los funcionarios del Gobierno- esta idea es una pésima señal para aquellos cuya confianza necesitamos desesperadamente para crear producción y trabajo. Es posible que Vicentin se convierta en una enorme absorbedora de empleo político, pero seguramente no alcanzará a compensar la pérdida de puestos de trabajo generados por la caída en la inversión que producen estos delirios “soberanistas”.