Un análisis sobre los daños actuales y potenciales generados por el Covid en relación a los derechos básicos de las mujeres vinculados a la concepción.
Ya es tiempo de analizar los daños actuales y potenciales generados por el Covid y actuar en consecuencia. En nuestro caso, sobre los derechos básicos de las mujeres relacionados con la concepción. Un reciente estudio de UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) publicado en www.unfpa.org con la participación del especialista argentino Federico Tobar, nos alerta y pide que hagamos algo con un desastre sanitario en ciernes.
Las cifras dicen que aproximadamente 1.1 millones de mujeres de Argentina no podrán acceder al método anticonceptivo que usaban antes de la cuarentena, porque ingresaron a la pobreza o por que no pueden ir al hospital por varias razones. 700 mil lo adquirían por sus medios en las farmacias y 400 mil las recibían en el sistema público.
El impacto de lo anterior es gravísimo: ocurrirán 143 mil embarazos no intencionales de niños que nacerán en la pobreza.
Habrá 65.000 abortos mas por falta de acceso a métodos anticonceptivos. 250 muertes maternas anuales más. El embarazo no intencional tiene mas riesgo de ser en adolescentes, con confirmación en periodo más avanzado, tiene más riesgo de negación y fundamentalmente es en un sector más vulnerable por su condición social . Todo son factores que aumentan los riesgos de muerte materna.
3300 muertes neonatales. Mas allá de la discusión “verde vs. celeste”, que ocupa por razones muy comprensibles el escenario político , estos temas están presentes hoy, aquí y ahora y han de condicionar definitivamente la vida de mujeres, predominantemente jóvenes y pobres. Por ello es vital que, a través del liderazgo político basado en la común sensibilidad social, se lance ya mismo una serie de acciones que eviten estos resultados que están ya a la vista; y que constituyan un Programa nacional con recursos, incentivos y control de impacto.
Por eso, proponemos una acción colectiva liderada por el Congreso, donde están los representantes de todos los partidos y donde se puede dar un ejemplo de acciones colaborativas inmediatas. Cada minuto cuenta para proteger a más de 1 millón de mujeres que hoy están transitando este riesgo. Para ello es necesario aprobar una Ley que amplíe el Presupuesto nacional y disponga: -La compra de 800 mil DIU a los valores sugeridos por las Naciones Unidas; asegurando protección a las mujeres por 10 años.
-Compra de 500 mil anticonceptivos implantables genéricos, reduciendo sensiblemente los valores de marca. Aprobar cuanto antes la Ley Nacional del Ejercicio Profesional de la Licenciatura en Obstetricia, hoy detenida en el Senado, y que ha de asegurar un aumento importante de la capacidad de atención e implantación de dispositivos.
-Disponer de incentivos financieros e impositivos, de capacitación y de reconocimientos para los profesionales del sistema público y privado con capacidad de aplicarlos, en consultorios, hospitales y campañas.
-Facilitar el acceso a las mujeres a los turnos disponibles a través de información centralizada y georreferenciada que incluya registros digitales de control de gestión. Este Programa puede – y debe- aprobarse con la urgencia que merece porque su implementación tomará tiempo y cada día que pasa significa un riesgo para las mujeres, en especial las más pobres. Pero esa urgencia no debe excluir la necesidad de asegurar el máximo compromiso de las Provincias para una ejecución profesional y controlada. Hay demasiado en riesgo.